La votación unánime demostró que el viejo mecanismo, centrado en reaccionar ante la violencia ya consumada, había tocado fondo. No se trataba de un ajuste menor: la sociedad exigía un cambio de paradigma. El nuevo texto introduce herramientas como un directorio voluntario que permite contactar a periodistas en riesgo sin violar sus datos personales, y obliga a la Secretaría de Seguridad y a los municipios a difundir protocolos de interacción con estos colectivos. Esa voluntad política cristalizó en la reforma a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, que por fin asume la prevención como eje.
Directorio voluntario, protocolos policiales y ampliación de medidas sociales
Un directorio voluntario agilizará la comunicación en contextos de peligro, siempre respetando los datos personales. Las autoridades podrán contactar a periodistas y defensores que decidan inscribirse.
La Secretaría de Seguridad y los municipios deberán difundir y actualizar periódicamente un protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad. Este incluirá a personas de comunidades indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes y otros grupos vulnerables.
Se incorporan medidas sociales en salud, capacitación, vivienda y seguridad social. El decreto contempla apoyos para gastos funerarios, un respiro sobre todo para periodistas independientes. Así, la ley estatal abandona el esquema puramente reactivo.
Apoyos funerarios, de salud y protocolos de seguridad incluidos
Los cambios legislativos también institucionalizan la paridad de género y la representación regional en el Consejo Consultivo. Esta medida garantiza la participación de pueblos indígenas, personas afromexicanas, migrantes y de la diversidad sexual en las decisiones que les afectan. La gobernanza se vuelve más equitativa y sensible a contextos locales.
Además, se contemplan apoyos concretos: acceso a servicios de salud y, ante un fallecimiento, gastos funerarios. Periodistas independientes, tradicionalmente desprotegidos, encuentran aquí un respaldo que antes no existía. La cobertura incluye a toda persona que desempeñe esta labor, sin exigir afiliación a medio alguno.
Retos: directorio voluntario, protección de datos y dependencia institucional
A pesar de estos avances, la legislación recién reformada enfrenta retos. Incluye un directorio voluntario de contactos que busca agilizar la comunicación en emergencias, aunque su carácter opcional genera dudas: ¿se inscribirán los más expuestos, a menudo desconfiados de las instituciones? El manejo de la información personal es otro punto delicado; cualquier filtración podría volverse contra los beneficiarios. Las medidas sociales prometidas —salud, vivienda, seguridad social, gastos funerarios— dependerán de asignaciones presupuestales no aseguradas. La publicación del protocolo policial queda supeditada a la voluntad de las autoridades. Aunque se fortalezca la prevención, el mecanismo mantiene su vertiente reactiva, algo que la reforma no resuelve por completo.
Directorio, protocolo y Consejo: tres vías de acción para periodistas
No obstante, la reforma abre canales concretos para que periodistas y defensores fortalezcan su propia seguridad. Inscribirse en el directorio voluntario es un primer paso: facilitará la comunicación en situaciones de riesgo y resguardará los datos personales. Conocer el protocolo de actuación policial que deberán publicar las secretarías de seguridad estatal y municipal permite exigir su cumplimiento. Vigilar que esas autoridades lo actualicen periódicamente es igual de importante. El Consejo Consultivo, con paridad de género y representación regional, requiere postulaciones activas para garantizar su legitimidad. Las medidas sociales —salud, capacitación, vivienda, seguridad social, gastos funerarios— están disponibles para quienes las soliciten.
