La Ley General de Sanidad, cuyos principios siguen vigentes, ha visto cómo su articulado se desdibujaba: el 70% está derogado o desarrollado por otras normas, generando fragmentación. Ana Pastor, exministra, destaca que el sistema funciona sobre un conjunto de leyes complementarias. María Luisa Carcedo añade que los ajustes requeridos son “básicamente de gestión” para abordar la pluripatología y la demanda de personas mayores, sin necesidad de cambiar el modelo. La paradoja es que la esencia protege, pero la implementación envejece.
1. Universalización y financiación pública, ejes de la reforma
Esa esencia, sostiene la exministra, se tradujo en valores “irrenunciables: la equidad en el acceso, la universalidad de la cobertura y la cohesión del sistema”. La exministra reclama una actualización que refuerce las políticas de recursos humanos, tanto en número como en calidad, y que consolide la atención primaria y la prevención como ejes. Sin estos ajustes, advierte Pastor, el sistema podría fallar en su objetivo último: responder a los desafíos sin renunciar a lo que lo define.
2. Equidad, cohesión y derecho a la salud, legado de la ley
Esa advertencia implícita refleja una tensión palpable en el debate sanitario. Mientras Carcedo sostiene que los cambios precisan más de ajustes de gestión que de una nueva ley, Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, califica de “urgente” la revisión porque el 70 % del articulado está derogado.
La demora en esa actualización amenaza la equidad territorial. La Ley de Cohesión y Calidad, que desarrolló aquella norma, fue concebida para que la descentralización no generase desigualdades. Sin embargo, el envejecimiento poblacional y la cronicidad presionan un modelo que, pese a todo, mantiene vigentes sus pilares. Pérez Raya, del Consejo General de Enfermería, subraya que los principios de universalidad, financiación pública y descentralización “continúan siendo el pilar”.
3. Cronicidad, burocracia y digitalización: retos a 40 años vista
La ley cosechó un amplio respaldo que trascendió las legislaturas. García Vargas subraya que el PP, con José Manuel Romay al frente del Ministerio, la aplicó sin reticencias. Los gobiernos populares posteriores mantuvieron ese compromiso. Se tejió, en sus palabras, un consenso que explica su larga supervivencia.
Esa cohesión política se reflejó en normas complementarias. La exministra señala que la Ley de Cohesión y Calidad resultó fundamental para garantizar que la descentralización no produjera desigualdades territoriales. El texto original actuó como un faro para las políticas sanitarias de distintos ejecutivos. El riesgo actual reside en una reforma que fracture ese acuerdo histórico. Mientras se debate el futuro normativo, las acciones comunitarias en prevención y cuidados de proximidad demuestran que la adaptación del sistema no espera.
4. Fortalecer la prevención y la salud comunitaria como nuevo horizonte
Recuperar el enfoque integral que la norma impulsó desde 1986 implica devolver protagonismo a la prevención y la promoción de la salud en el día a día de los barrios. Las comunidades pueden activar programas de envejecimiento activo, redes vecinales de cuidado y circuitos de telemedicina para pacientes crónicos sin esperar a grandes reformas legislativas.
Los colegios profesionales y las asociaciones de pacientes tienen aquí un papel articulador insustituible, trasladando conocimiento técnico a la ciudadanía y organizando campañas de vacunación. Nájera recordaba que, por mandato de aquella legislación, se modernizó un control de vacunas hasta entonces muy primitivo. Ese impulso preventivo sigue siendo la herramienta más eficaz para mitigar el impacto del envejecimiento poblacional y la cronicidad sobre el sistema. La salud comunitaria construye equidad desde lo local.
